Por: Julia Martínez
Daniel Noboa ganó la segunda vuelta presidencial en Ecuador con el 55.85% de los votos, superando a Luisa González, quien obtuvo el 44.15%, según el conteo oficial con el 93% de actas escrutadas. La diferencia fue de más de un millón de votos, lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó como una tendencia irreversible. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, ratificó que el binomio ganador está conformado por Noboa y María José Pinto.
El proceso contó con una participación ciudadana del 83% del padrón electoral, compuesto por 13.7 millones de votantes. Además, se registraron 6.71% de votos nulos y 0.65% en blanco. A pesar de las intensas lluvias en la costa ecuatoriana, la asistencia fue similar a la de la primera vuelta.
Celebración en Olón y promesas de cambio
Desde Olón, en la provincia de Santa Elena, Noboa celebró su victoria y la calificó como “histórica”. Agradeció el respaldo popular y el trabajo de su equipo. Adelantó que hará cambios en su gabinete antes de la posesión oficial del 24 de mayo. No mencionó a su rival ni respondió directamente a las críticas de observadores internacionales sobre el uso de recursos públicos en campaña. También desestimó las denuncias de fraude: “Un millón de votos de diferencia no permite hablar de fraude”, declaró.
González desconoce resultados y exige recuento
Luisa González rechazó los resultados del CNE. Aseguró que hubo irregularidades graves y prometió presentar un pedido formal de recuento. Frente a sus simpatizantes, denunció lo que llamó el “fraude electoral más grotesco de la historia republicana”. Según ella, más de 10 encuestas, incluso del oficialismo, la daban como ganadora.
El secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, también denunció actas sin firmas en zonas donde su movimiento tiene fuerte presencia. Por su parte, Rafael Correa difundió un exit poll propio que mostraba ventaja para González.
Elecciones bajo vigilancia militar
La jornada electoral se realizó bajo estado de excepción en Quito, siete provincias y el sistema carcelario. El gobierno lo decretó por posibles amenazas de disturbios y violencia. Más de 96 mil miembros de las fuerzas del orden custodiaron recintos y actas. La medida fue criticada por observadores internacionales, que pidieron transparencia y garantías democráticas.
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