Por: Julia Martínez
Un juez federal de EE. UU. pidió explicaciones sobre la deportación de 238 inmigrantes venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una de las pandillas más peligrosas de Venezuela. Estos migrantes fueron enviados a El Salvador tras un operativo que se llevó a cabo en medio de una controversia legal. El caso pone en duda si la administración de Donald Trump siguió o no las instrucciones judiciales para detener la deportación.
La Desobediencia a la Orden Judicial
El juez James E. Boasberg mostró su desconcierto al ver que la administración ignoró sus órdenes verbales de suspender la deportación. Boasberg cuestionó al abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, sobre la validez de la orden, dado que el gobierno sostenía que solo las órdenes escritas eran vinculantes. Además, el gobierno argumentó que no podían interrumpir los vuelos internacionales debido a “cuestiones de seguridad nacional”.
Boasberg rechazó esta justificación, sugiriendo que la administración sabía lo que estaba ocurriendo antes de que los aviones despegaran. El juez no aceptó que la situación fuera irremediable una vez que los vuelos ya habían partido, destacando que la decisión debía tomarse antes de que los aviones salieran del país. Este intercambio dejó claro que el gobierno no proporcionó información suficiente sobre los vuelos y las deportaciones, lo que llevó a Boasberg a exigir más detalles sobre la operación.
Defensa del Gobierno y Controversia sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump defendió la deportación, argumentando que la operación era legal y se basaba en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que autoriza la expulsión de personas consideradas amenazas para la seguridad nacional. La Casa Blanca explicó que 137 venezolanos fueron deportados bajo esta ley, mientras que otros 101 fueron removidos por razones migratorias. Los deportados eran, en su mayoría, miembros de pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13, acusados de crímenes violentos.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, defendió las deportaciones, asegurando que los migrantes expulsados eran criminales peligrosos. Además, el zar de la frontera, Tom Homan, calificó la expulsión de pandilleros como una «victoria en la lucha contra el terrorismo».
Nuevo Caso de Deportación Controvertida
Mientras tanto, otro caso reciente generó controversia. Rasha Alawieh, una médica libanesa con visa de trabajo, fue deportada de manera inexplicable poco después de su llegada a EE. UU. Alawieh había obtenido una visa de trabajo para enseñar en la Universidad de Brown, pero fue enviada de regreso a Líbano. A pesar de que un juez ordenó detener su deportación, el gobierno alegó que no se recibió la notificación a tiempo.
Boasberg sigue investigando estos casos y ha ordenado que se presenten más detalles sobre las deportaciones, especialmente sobre los vuelos involucrados en la expulsión de los 238 venezolanos. Las nuevas audiencias están programadas para el viernes, donde se decidirá el futuro de estos procedimientos.
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