Por: Julia Martínez
La cantante y actriz Belinda presentó el 2 de octubre una demanda formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el músico Lupillo Rivera. La denuncia se basa en violencia digital y violencia mediática, conceptos contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Fiscalía otorgó a Belinda medidas de protección, entre las que destaca la prohibición a Rivera de acercarse o referirse públicamente a la cantante. En un comunicado, la firma de abogados de Belinda indicó: “Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y violación a los derechos humanos”.
El origen de la denuncia es el libro autobiográfico de Lupillo Rivera, publicado el 16 de septiembre bajo el sello Vintage Español de Penguin Random House, en el que revela detalles sobre una presunta relación con Belinda en 2019. La cantante siempre se había negado a hablar del tema.
Polémica y contexto de violencia digital
El conflicto escaló cuando, el 8 de octubre, Rivera declaró en un programa de espectáculos que había perdido un teléfono con material íntimo de Belinda, que según él, podría afectar su imagen. Estas declaraciones generaron una nueva ola de polémica y pusieron sobre la mesa la violencia digital hacia las mujeres.
La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, expresó su apoyo a Belinda y escribió: “La violencia digital es real y no es tu culpa”. La ley busca castigar la difusión de información privada sin consentimiento, un delito que afecta a miles de mujeres en México.
Los abogados de Belinda recordaron que la libertad de expresión tiene límites cuando vulnera la dignidad, el honor o la vida privada, protegidos por los artículos 6 y 16 de la Constitución.
Por su parte, la ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres señalaron la urgencia de frenar la violencia virtual, destacando que los espacios digitales son usados para acoso, misoginia y difusión de material privado, mientras millones de personas actúan con impunidad.
El caso de Belinda refuerza la importancia de proteger la privacidad y la integridad de todas las mujeres, incluso cuando son figuras públicas, y pone de relieve la necesidad de sanciones claras contra la violencia digital.
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