Edmundo González Urrutia, opositor venezolano y rival de Nicolás Maduro en las controversiales elecciones presidenciales del 28 de julio, ha llegado a España para solicitar asilo político. González y su esposa arribaron este domingo a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, tras más de un mes en la clandestinidad.
El gobierno español ha concedido asilo político a González, en línea con su compromiso con los derechos políticos y la seguridad de los ciudadanos venezolanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha garantizado que el proceso de asilo será tratado con la debida seriedad, en apoyo a la integridad y libertad de los opositores venezolanos.
María Corina Machado, destacada líder opositora venezolana, ha apoyado la decisión de González de abandonar Venezuela, calificando su salida como crucial para proteger su vida frente a la creciente represión bajo el régimen de Maduro. Machado destacó las amenazas y el intento de arresto que, según ella, demuestran el peligro inminente para González.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha subrayado que el asilo de González no implica ninguna negociación política con Venezuela, reafirmando el compromiso de España con todos los venezolanos.
La llegada de González se produce en un contexto de alta tensión política en Venezuela. Las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en la reelección de Maduro con el 52% de los votos según el Consejo Nacional Electoral (CNE), han sido objeto de acusaciones de fraude por parte de la oposición y algunos observadores internacionales.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha calificado el exilio de González como un “día triste para la democracia en Venezuela”, pidiendo el fin de la represión y la liberación de los presos políticos. Borrell también confirmó que González estuvo refugiado en la embajada de Países Bajos antes de su traslado a España.
El gobierno venezolano acusa a González de difundir actas electorales falsas y lo investiga por delitos como “conspiración” y “usurpación de funciones”. La situación ha desencadenado protestas en Venezuela, con un saldo de 27 muertos, 192 heridos y 2,400 detenidos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la crisis política en el país.
