Por: Julia Martínez
En una decisión sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revocó el permiso a la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros. La medida, anunciada por la secretaria Kristi Noem, afecta de inmediato al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), lo que impide a la institución aceptar alumnos con visado F o J para el ciclo 2025-2026.
Actualmente, el 27.2% de los 30 mil estudiantes de Harvard son extranjeros, muchos bajo este tipo de visado. La decisión se produce apenas una semana antes de la ceremonia de graduación.
Graves acusaciones contra la universidad
Noem justificó la medida con duras acusaciones. Señaló que Harvard no cooperó con las solicitudes de información del gobierno y que mantiene un ambiente inseguro y hostil hacia estudiantes judíos. Además, afirmó que la universidad promueve simpatías hacia Hamas, grupo que controla Gaza, y que aplica políticas “racistas” de diversidad e inclusión.
Incluso, acusó a Harvard de estar en coordinación con el Partido Comunista Chino, y aseguró que las universidades estadounidenses no tienen derecho, sino privilegio, de inscribir estudiantes internacionales, de quienes se benefician por los altos pagos de matrícula.
Respuesta de Harvard y reacciones legales
La universidad calificó la decisión como ilegal y reafirmó su compromiso con su comunidad internacional, que representa a más de 140 países. “Los estudiantes y académicos extranjeros enriquecen a nuestra institución y al país de forma incalculable”, señaló en un comunicado.
Chuck Ambrose, consultor educativo y ex rector, advirtió que esta decisión afectará el modelo educativo estadounidense. “Los estudiantes internacionales suelen pagar matrícula completa, lo que ayuda a financiar becas para otros”, explicó.
En paralelo, un juez federal bloqueó una orden de Trump para cerrar el Departamento de Educación, tras demandas de distritos escolares y sindicatos. También, la Suprema Corte impidió que una escuela católica en Oklahoma recibiera fondos públicos, reforzando la separación entre Iglesia y Estado.
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